"Tenemos argumentos fuertes como para no llegar a juicio oral" afirma Hernán Botbol, uno de los responsables de Taringa!, luego de que la Justicia argentina elevara su caso a esa categoría.
Ni hablar
Tras el pedido realizado en mayo por la fiscalía, el juez Eduardo Daffis Niklison elevó a juicio oral el caso en el que aparecen involucrados los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama. Los responsables del sitio se encuentran imputados por la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación, según consigna el portal especializado InfoTechonology.
Como suele ocurrir co los acaso que involucran Internet y propiedd Intelectual, el de Taringa ! generói polémicas en diversos ámbitos y no poca controversia judicila, ya que la jurisprudencia en este tema es escasa y reciente.
En entrevista con el mencionado website, Botbol sostuvo que se encuentra "tranquilo" pese a las últimas noticias. "Este tipo de acciones terminan perjudicando al desarrollo de Internet en la Argentina, supongamos que se ponga la cosa muy fea acá, las empresas se van a ir a otro lado y hoy es una de las industrias más fuertes del país y que más trabajo da", aseguró.
"Tenemos argumentos fuertes como para no llegar a una instancia de juicio oral, pero en caso de que llegásemos, antes tuvimos solamente una instancia de discusión en donde prácticamente no se nos dio mucha posibilidad de exponer nuestra defensa salvo un escrito y una instancia indagatoria. No se analizó en profundiadad nuestros argumentos y en un juicio oral eso sí sucedería", explicó el joven empresario.
Ante las acusaciones de vender piratería de que son objetos, los hermanos Botbol argumentaron en su momento que su empresa sólo "pone a disposición un sitio Web y que los intercambios de archivos los realizan los usuarios".
Sin embargo, la acusación afirma que "el encuentro de ambos (de quienes "suben" y "bajan" datos) obedece a la utilización de la página".
De ser encontrados culpables, los responsables de sitio afrontarían una pena de hasta seis años de prisión.
De ser encontrados culpables, los responsables de sitio afrontarían una pena de hasta seis años de prisión.
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